El Poder Ejecutivo Nacional dispuso hoy que la discusión entre el Gobierno y los gremios docentes a nivel nacional se circunscriba, a partir de este año, a cuestiones no salariales. En lo que atañe a la discusión paritaria, dejó formalizado el piso del 20 % por encima del salario, mínimo, vital y móvil para que, a partir de ese valor, se rijan las negociaciones entre las provincias y las entidades sindicales a nivel local.

Además, igualó la representación de los gremios docentes nacionales en el espacio de debate estipulado por la Ley de Financiamiento Educativo, con la participación del Ministerio de Educación de la Nación, para acordar, año a año, "un convenio marco" en torno a condiciones laborales, calendario educativo y carrera docente, entre otros aspectos, detalló la agencia Télam.

Así fue establecido por el Decreto 52/2018 que, con la firma del presidente Mauricio Macri; del jefe de Gabinete, Marcos Peña; y de los ministros Jorge Triaca (Trabajo) y Alejando Finocchiaro (Educación), que fue publicado en la edición de hoy del Boletín Oficial.

Se trata de un decreto que introduce modificaciones a otro anterior, del 2007, que, con la firma del entonces presidente Néstor Kirchner había fijado las pautas para la negociación a nivel nacional entre los gremios docentes y el gobierno.

El decreto cambia el criterio para repartir los lugares reservados a los gremios en esa mesa de negociación. Con la modificación se pasa del actual esquema proporcional, vinculado con la cantidad de afiliados de cada gremio, a la representación pareja, con un representante por sindicato docente, sin importar el peso específico de cada organización.


EN TUCUMÁN. La imagen corresponde a una de las reuniones del año pasado. 

En el actual reparto proporcional, Ctera tiene cinco lugares y los otros cuatro gremios con representación nacional (UDA, Sadop, CEA y AMET), uno cada uno.

La reforma busca licuar el poder de Ctera, que representa a más del 70 % de los maestros de todo el país, señaló el diario La Nación.

Además, con el argumento de que la situación de las provincias de cara a la negociación con los docentes es muy dispar, el Gobierno reemplazó la paritaria nacional con un esquema que prevé aumentar el salario mínimo docente de manera automática todos los años un 20 % por encima del salario mínimo vital y móvil.

Los gremios consideran que esto es ilegal y reclaman que discusión se dé en el marco de la paritaria nacional.